CGT-Jaén
Sección sindical Arvato-Qualytel
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El comité de empresa de Salud Responde
exige a la Junta de Andalucía la anulación de la próxima licitación privada del
servicio
El pleno del comité de empresa de Salud Responde ha
decidido dirigirse a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través
de la Empresa Pública de Emergencias (EPES), exigiendo la inmediata retirada de
la oferta de concesión por subcontrata de este servicio, en base a diferentes
consideraciones. Así, este comité ha señalado que en diciembre de 2015 el Parlamento
de Andalucía aprobó una proposición no de ley (PNL) por la que se exigía al
gobierno la dignificación de las condiciones de trabajo de las contratas de
EPES, así como su integración en la empresa pública, cual es el caso de Salud
Responde, cuya concesión ahora se pretende licitar de nuevo para que el
servicio siga estando atendido por una empresa privada (en estos momentos,
Arvato Qualytel).
Para este comité de empresa el atropello que se quiere
perpetrar con este nuevo concurso es más grave aún, al conocer que la actual
concesionaria no quiere seguir haciendo negocio a costa de las condiciones
sociolaborales de la plantilla de Salud Responde, por lo que se entiende que
EPES ha ofertado unas condiciones que
van en dirección opuesta a la de dignificar y mejorar las circunstancias de
trabajo y el mantenimiento del mismo, cual fue el mandato del Parlamento
Andaluz.
Por todo lo cual el comité ha vuelto a manifestar su
rechazo a la licitación de Salud Responde a través de empresa privada
comisionista, exigiendo que se dé cumplimiento a lo acordado en la sede de la
soberanía del pueblo andaluz y solicitando que el personal que atiende el
servicio pase a formar parte de la plantilla de EPES a partir de la terminación
de la actual subcontrata.
El comité de empresa ha señalado en su escrito,
finalmente, que el dinero público debe destinarse a la generación de empleo
estable y de calidad, tendiendo a la eliminación de empresas interpuestas que,
sin exponer nada, se vienen beneficiando históricamente del patrimonio de todos
los andaluces a costa de la calidad del servicio y de las condiciones laborales
y económicas que soportan los trabajadores que lo atienden.
