Coca-Cola pierde la mitad de las ventas en la zona centro por el
boicot del ERE
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Es el mayor desplome de su historia en
Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha
El boicot lanzado por los trabajadores de Coca-Cola
contra los productos de la compañía tras la presentación del ERE se ha llevado
por delante casi la mitad de sus ventas. Coca-Cola Iberian Partnes, el nuevo
embotellador único del grupo, admitió este desplome ante la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional, que lo reflejo así en la sentencia dictada la semana
pasada por la que se declaraba la nulidad del Expediente de Regulación de
Empleo.
"Las ventas en la zona centro de productos de
Coca-Cola, medidas en cajas físicas, sufrieron una reducción del 48,6% a fecha
de 28 de febrero de 2014 en relación con las realizadas a 28 de febrero de
2013", se recoge en la resolución.
Según confirman fuentes sindicales, es la mayor caída
registrada nunca por la empresa y afecta a las comunidades autónomas a las que
abastecía la fábrica de Fuenlabrada, ahora cerrada. Se trata de Madrid y la
mayor parte de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Lo peor además para el gigante de refrescos es que,
según informes periciales aportados por el comité de empresa, con datos de la
propia compañía, no se prevé que las ventas vuelvan a crecer al menos hasta el
año 2017.
Aunque la compañía, que ha declinado atender las
llamadas de este periódico, no lo ha especificado, todo indica, según los
sindicatos, que el mayor desplome se produjo sobre todo a partir de la segunda
quincena de enero.
Coca-Cola Iberian Partners anunció la presentación del
ERE a finales del año pasado pero no fue hasta el 22 de enero cuando confirmó
el cierre de la planta de Fuenlabrada, junto a las de Asturias, Palma de
Mallorca y Alicante. En el informe técnico presentado por la multinacional a
los representantes de los trabajadores para justificar la regulación de empleo,
la embotelladora señala que Casbega, la segunda embotelladora hasta ahora del
grupo y responsable de la producción en la zona centro, es una de las firmas
del grupo que ha registrado una mayor caída de ventas en los dos últimos años.
Un desplome histórico
El importe neto de la cifra de negocios se redujo en
2012 a 549 millones de euros, lo que supuso un 9,8% menos. Y el resultado de
explotación bajó en ese mismo periodo un 61,1%. La empresa pasó de ganar 80,5
millones a 31,3 millones de euros.
El deterioro continuó a lo largo de los primeros nueve
meses de 2013, aunque suavizándose ligeramente. En el primer trimestre, la
facturación cayó un 9,7%, en el segundo un 7,5% y en el tercero un 4,1%.
Frente a estas caídas, los magistrados de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional ponen especial énfasis en la sentencia en la
ausencia de un plan industrial. Sagardoy, el despacho de abogados que defiende
los intereses de la multinacional, no presentó en ningún momento esa
documentación, clave en el proceso, según aseguran fuentes jurídicas
relacionadas con el caso. "Esa información debía estar incluida en el informe
técnico y en la memoria porque constituye, precisamente, la reorganización
empresarial de la producción que justificaría el despido colectivo y la
finalidad del informe técnico y de la memoria es, precisamente, acreditar la
concurrencia de la causa", se dice en la sentencia.
Es algo que, sin embargo, no aparece en tales documentos por lo que, según la Audiencia Nacional, no se puede saber "cómo se va a producir la reestructuración para atender a la demanda en el mercado ibérico por las diferentes plantas".
Es algo que, sin embargo, no aparece en tales documentos por lo que, según la Audiencia Nacional, no se puede saber "cómo se va a producir la reestructuración para atender a la demanda en el mercado ibérico por las diferentes plantas".
Según la sentencia, "no se proporciona ni un solo
dato de la capacidad de producción de cada línea, limitaciones por tipo de
producto, producción real de cada una, ni en la realidad existente sobre la que
se informa, ni en los modelos que se proponen". Existe por todo ello un
gran malestar con el bufete de abogados.
Fuente: elconomista.com